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(Boletín de Prensa) Implicaciones de la implementación de las recomendaciones realizadas al Estado ecuatoriano en el marco del Examen Periódico Universal PDF Imprimir
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Escrito por Administrator   
Domingo 07 de Mayo de 2017 22:30

 

8 de mayo. Ecuador. La Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, CEDHU; la Fundación Regional para la Asesoría en Derechos Humanos, INREDH, Acción Ecológica, Fian-Ecuador; el Centro de Derechos Económicos y sociales, CDES; el Centro de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica, CDH-PUCE; el Comité Permanente de Derechos Humanos del Guayas, CDHG y la Fundación Terra Mater, formamos una coalición de organizaciones de la sociedad civil que participamos activamente en el proceso del Examen Periódico Universal (EPU), emitiendo nuestras contribuciones alternativas ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en reuniones con diferentes embajadas y consulados y en la presesión del 6 de abril en Ginebra, por lo que seguimos de cerca y con expectativa este tercer ciclo de evaluación.

 

El pasado 1 de Mayo tuvo lugar la sesión del EPU al Estado ecuatoriano, donde fue evaluado por 47 estados parte de Naciones Unidas. En esta oportunidad queremos destacar algunas de las recomendaciones entregadas a Ecuador, relacionadas a los temas tratados en los informes enviados, que a continuación comentamos:+

 

Recomendaciones respecto de la violencia de género:

El Estado ecuatoriano recibió 31 recomendaciones dirigidas a tomar medidas para la disminución de la violencia de género, esto incluye las agresiones y tortura a personas pertenecientes a grupos GLBTI y a mujeres. Así mismo erradicar la discriminación de estos grupos tanto en los aspectos laboral y educativo; protección de las víctimas, en particular a niños y niñas que sufren violencia física y sexual en centros educativos. Respecto del femicido se recomienda promover una investigación diligente y eficiente de los casos y la sanción para los responsables. Los derechos sexuales y reproductivos, formaron parte de las preocupaciones de los estados parte, quienes sugirieron el acceso a anticonceptivos, políticas frente al embarazo adolescente y la despenalización del aborto en casos de violación y de malformación fetal y la no criminalización a las mujeres que han abortado. Estas recomendaciones implican la revisión de la normativa, políticas públicas y protocolos de tratamiento, a fin de comprobar su eficacia y hacer las correcciones necesarias para garantizar los derechos a la vida e integridad personal de mujeres, niños, niñas, adolescentes y personas pertenecientes a grupos GLBTI.

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