Con 104 votos a favor y 8 abstenciones la Asamblea Nacional concedió hoy amnistía a siete dirigentes y líderes del cantón Nabón, sobre quienes pesaba una sentencia de reclusión de 8 años a partir de la denuncia penal interpuesta por la empresa minera Explorsur S.A., de propiedad del grupo El Juri. La empresa los acusó de supuesto sabotaje tras una movilización popular ocurrida en marzo de 2008, para defender las fuentes de agua amenazadas por las operaciones extractivas.

Rodrigo de los Ángeles Quezada Sanmartín, Vinicio Saravio Jaya Quezada, Plutarco Patiño Patiño, Celso Amable Patiño Quezada, Segundo Olmedo Sanmartín Mora, Luis Nelson Sanmartín Mora y Manuel Remigio Capelo Erráez fueron sentenciados por la Segunda Sala de Justicia de Azuay, en abril de 2010, desconociendo el hecho de que la Asamblea Constituyente de Montecristi les hizo beneficiarios de una amnistía el 22 de julio de 2008 en reconocimiento de su rol de Defensores de la Naturaleza.

A partir de entonces, las siete personas injustamente sentenciadas debieron mantenerse en la clandestinidad, en condiciones muy precarias.  Así lo confirman los dos estudios realizados por la Clínica Ambiental en conjunto con la Facultad de Medicina de la U. de Cuenca y Acción Ecológica, en junio, y con el Movimiento por la Salud de los Pueblos, en noviembre.

Según reconocen familiares de las siete personas criminalizadas, lo que ocurrió en marzo de 2008, fue un levantamiento general de pobladores provenientes de varias comunidades afectadas por la empresa Explorsur S.A., que provocó daños en el páramo de Shincate y amenazaba con contaminar las fuentes de agua que hacen posible para las actividades agrícolas de miles de familias. Sin embargo, "la empresa se fue contra quienes son dirigentes, líderes y autoridades de nuestras organizaciones, de la junta parroquial y del municipio", afirma una de las esposas de los criminalizados

La resolución de amnistía aprobada hoy por la Asamblea Nacional reconoció que la lucha social en defensa del agua y la naturaleza son legítimas, lo que fue celebrado por las más de trescientas personas que llegaron desde Cochapata y Nabón para respaldar a sus familiares, líderes y autoridades, y atestiguar un hecho de justicia que abre posibilidades para enfrentar la criminalización de las casi 200 personas que actualmente son víctimas de judicialización por defender los Derechos de la Naturaleza y los Derechos Humanos.

La amnistía de estos criminalizados se concede en un momento en el que según un Informe de la Defensoría del Pueblo en el Ecuador existen alrededor de 200 personas perseguidas y judicializadas por el estado y por las empresas privadas, sobre todo en temas de explotación minera.

En la sesión del pleno de la Asamblea Nacional se dieron cita familiares y amigos de los dirigentes